La cibercracia: confirmado, el agua moja

Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

“La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás”. (Winston Churchill)

Extraño faro de libertad y de derechos es Estados Unidos, país que se muestra como modelo democrático pero necesita 25.000 miembros de la Guardia Nacional para la que un presidente electo asuma sus funciones, cinco veces más tropas que las que mantienen en Irak. Su capital fue una ciudad blindada. En la explanada de Washington se plantaron 200 mil banderas cuando antes había gente. ¿Por el Covid? Trump se fue y dejó tras de sí un país intervencionista, violento, con un arraigado racismo social y policial y profundamente desigual. Los demócratas ocupan la presidencia y se encargaran que Estados Unidos vuelva a ser lo que era antes. Un país intervencionista, violento, con un arraigado racismo social y policial y profundamente desigual, como dicen en “Ahí les va”.

La grotesca y hollywoodense toma del Capitolio tiene más dudas que respuestas. Las tesis no son muchas y ninguna pregunta obvia fue contestada. La idea es que Trump, dado su ilimitado ego y su falta de pericia política, sucumbió ante un hábil ardid político cuyos únicos ganadores fueron los demócratas, en especial el binomio vencedor de las elecciones en un país profundamente dividido, que comenzó a afianzar su poder, mientras que al ex presidente se le dinamita el suyo, bajo la idea de un trumpismo sin Trump.   

Estados Unidos tiene una democracia de baja participación en las urnas. El promedio de concurrencia en las últimas diez elecciones (1984-2020) da un 52% para presidente, mientras que los demás cargos no superan el 40% de asistencia a las urnas. Se estima que en cada elección unos siete millones de estadounidenses no pueden votar porque han sido condenados por algún delito, aunque ya hayan cumplido sus penas. Se obstaculiza especialmente a las minorías étnicas y raciales. Permisos laborales, verificaciones de papeles, hacen que la votación se convierta para las minorías en un verdadero calvario, para beneplácito del establishment.

Hoy, en el Congreso en general se ha sedimentado una elite política y económica que logra perpetuarse en el poder elección tras elección. Quienes son elegidos al Congreso se encuentran dentro del 1% más rico de los estadounidenses, según un análisis realizado por el Center for Responsive Politics. De los 534 miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, la mitad son millonarios. De hecho, de los primeros 50 congresales para el 2018, ninguno tiene un patrimonio menor a 10 millones de dólares, y destacan desde Nancy Pelosi, con U$S 114.7 millones en su haber, a Mark Warner, demócrata de Virginia, que ocupa el primer lugar con U$S 214 millones.

Al parecer Estados Unidos ha decidido que el dinero se imponga a la soberanía popular, aunque el debata gire sobre la participación de género y color en el gabinete actual. La  polémica si bien no es intrascendente es, al menos, secundaria. Lo que uno tendría que preguntarse es ¿a quién responde el binomio triunfante en las elecciones? ¿A quién representan los miembros del gabinete? y por qué se afianzó la puerta giratoria en esta singular democracia.

En términos generales, se renuevan los ejemplos de puerta giratoria, integrando a exCEO de grandes corporaciones y directores o miembros de Think Tanks renombrados. Destacan, entre otros, el secretario de Defensa, general retirado Lloyd Austin, miembro de la junta directiva de empresas del complejo industrial-militar y, sobre todo, de Pine Island Capital Partners, el brazo financiero de WestExec Advisors, fundada por Tony Blinken, actual Secretario de Estado

WestExec fue creada en 2017 para acoger a miembros del gobierno de Barack Obama tras la elección de Donald Trump. La compañía de lobistas se anuncia en su página web como un puente entre la Casa Blanca y las corporaciones, teniendo el tupé de mostrar que se encuentra en la calle lateral de la Casa Blanca (véase su página en internet), pegado al ala oeste en la calle West Executive Avenue, como muestra la figura. 

Según Daily Poster, el actual secretario de Estado Blinken asesoró a siete compañías que recientemente presionaron al Departamento de Estado, incluidos el fabricante aeroespacial Boeing; Blackstone Group, la firma de capital privado más grande del mundo; el gigante de las redes sociales Facebook, y la empresa farmacéutica Gilead.

Otra que hizo grandes negocios relacionados con las mismas empresas fue la elegida Secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Según informó Politico, la Secretaria del Tesoro ha recaudado más de U$S 7.2 millones en honorarios por conferencias a grandes corporaciones o por asesorarlos a través de WestExec Advisors. Esos clientes incluían al gigante inversor Blackstone, Bank of America, Facebook, Uber, McKinsey & Company, la empresa farmacéutica Gilead, el banco de inversión Lazard, Boeing, AT&T, el Royal Bank of Canada, LinkedIn y el venerable Sotheby’s, prestigiosa casa de subastas. Cualquier relación con la actualidad es pura coincidencia.

Aunque es interesante el accionar demócrata, que guarda una asombrosa similitud con el de los republicanos, los que nos interesa es la capacidad de las Big Tech de determinar la libertad de expresión de Estados Unidos en general, y de su presidente en particular. “El hecho de que un CEO pueda desconectar la cuenta del presidente sin ningún control ni equilibrio es desconcertante. No es solo una confirmación del poder de estas plataformas, sino que también muestra profundas debilidades en la forma en que nuestra sociedad se organiza en el espacio digital”. Quien dice esto es un ex ministro de economía francés Thierry Bretton.

Para que se entienda: las grandes empresas de medios como ABC, CBS, CNBC después de la elección, el 5 de noviembre, decidieron sacar del aire el discurso del presidente, mientras que CNN y Fox la dejaron. El seis de enero fue donde se impuso la agenda de la cibercracia, tanto Facebook, Reddit, Pinterest, YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok y Twiter decidieron dejar sin voz al presidente americano, lo cual puede estar bien para algunos. Lo extraño, y que genera debates, es que cuando Donald Trump lanzó su campaña presidencial injurió a los mexicanos, tildándolos de violadores, criminales y narcotraficantes. Ninguna cuenta de redes sociales ni los grandes medios lo censuraron, menos aún cuando dijo que tomaran desinfectante o utilizaran luz ultravioleta para paliar la pandemia del Covid.

El persistente discurso sobre la prensa libre como piedra angular de cualquier sociedad democrática se fue por las cloacas. Nos guste o no, en solo unos pocos años, las compañías masivas en línea han superado con creces el alcance de los medios de comunicación heredados, y las noticias generalmente se publican en Twitter antes que en cualquier otro lugar. Empresas como Google y Facebook se han convertido en monopolios por diseño, comprando a la competencia, según la Comisión Federal de Comercio y más de 40 estados. No existen alternativas prácticas de ningún tamaño a estos gigantes, lo que plantea dudas y centra el debate en la concentración y la regulación de estas redes sociales, tema tratado de manera amplia en nuestro artículo El contrato social digital, el ADN de la guerra tecnológica.

Lo que nos importa de las redes sociales no es solamente si tienen que autorregularse o el Estado lo tiene que hacer, con, por ejemplo, la Ley de Decencia de las Comunicaciones y su Sección 230. Por eso eligieron como vicepresidente a Kamala Harris, que prometió dejarlos autorregularse. Tampoco que los datos de las personas (metadatos) sean robados e integrados a la Big Data con lo cual se pueden focalizar el destino de la propaganda. Más allá de lo escalofriante de estas cualidades, su capacidad de decidir políticamente la libertad de lo que se diga e impulsar o vigilar, en connivencia con los organismos de seguridad, es aún peor.

El 68% de los adultos estadounidenses utilizan Facebook y el 25% Twitter. Ambas plataformas son enormes portales de distribuidores de noticias en todo el mundo. Facebook es, con mucho, la fuente de noticias más utilizada en los Estados Unidos, y ambas plataformas tienen bases de usuarios mucho más grandes que los diarios estadounidenses de circulación nacional (28.6 millones de ejemplares durante días laborales, 30.8 millones los domingos). A quién difunden y a quién eliminan de sus cuentas es el debate de la libertad de expresión.

Los gobiernos occidentales no ejercen control sobre el contenido de las redes sociales, pero cuando lo hacen es para sus propios intereses, no para la sociedad. En 2018, Facebook anunció que trabajaría en estrecha colaboración con el Atlantic Council para ayudarlo a seleccionar sus fuentes de noticias y eliminar la información falsa. Este grupo de expertos es tildado de “no partidista”, pero está financiado por el Departamento de Estado de los EEUU, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y la OTAN. Su junta directiva incluye a altos funcionarios de la era Bush, como Condoleezza Rice y Colin Powell, generales militares estadounidenses y no menos de ocho ex jefes de la CIA, ¡¡¡para controlar las noticias falsas!!!.

Hay dos metas que de ser posible tendrían que alcanzarse en simultáneo, más allá de las antes expuestas por las Big Tech. La primera es lograr que la idea impulsada por el Departamento de Defensa CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection), sin anuencia del Congreso y con desconocimiento de los ciudadanos, que permite compartir el tráfico de información de internet entre el gobierno de EEUU y las tecnológicas que captan los datos, se deje de hacer de manera encubierta. Que se permita la autorregulación de las redes sociales sin intervención estatal. A cambio se puede ejecutar virtualmente la imposición de una implacable censura, como la realizada con Trump por la cibercracia en favor del Deep State.

En economía la puerta giratoria funciona a las mil maravillas, pero esta vez inclinada hacia los fondos de pensiones y, en particular, hacia BlackRock, quien capturó las finanzas americanas y ahora su política económica. El primero y más visualizado miembro de BlackRock en ingresar al actual gobierno fue Brian Deese. Hombre de Obama, pasó a BlackRock y ahora encabezará el Consejo Económico Nacional (NEC). El cargo implica asumir el máximo órgano consultivo en materia económica del gobierno de Estados Unidos. Pero no va estar solo. Michael Pyle, actualmente el principal estratega de inversiones global de gestión de activos de BlackRock, pasará a formar parte de la administración Biden-Harris. Pyle, un veterano de la administración Obama, que también se desempeño en política económica en la campaña presidencial de Hillary Clinton, se convertirá en el economista jefe de la vicepresidenta electa Kamala Harris.

Lo interesante es que Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro, Gary David Cohn, asesor económico de Trump, y Steve Bannon, estratega en jefe de la Casa Blanca, provienen de Goldman Sachs. Los grandes bancos han quedado fuera del juego por estos fondos de pensiones. Michael Pyle es la cara más visible del gigante de inversiones y ha recibido críticas por su capacidad para usar su influencia dentro de los gobiernos y obtener políticas favorables para sus resultados. Se le acusa de enriquecimiento ilícito mientras gestionaba la compra de deuda corporativa de la Reserva Federal durante la pandemia.

Adewale Adeyemo cierra el tridente del fondo de pensiones. Elegido por Biden para ser el funcionario N° 2 en el Tesoro, es el actual presidente de la fundación Obama,ex una organización sin fines de lucro creada por el presidente. Durante el mandato de Obama trabajó como asesor económico internacional del presidente y fue jefe de Gabinete de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, así como subjefe de Gabinete en el Departamento del Tesoro. Adeyemo se convertirá en el primer subsecretario del Tesoro afroamericano en la historia de Estados Unidos.

Con Trump fueron contratados para hacer negocios propios y con la FED, ahora en el gobierno, todos están relacionados con las Big Tech. Extraño futuro para el mundo, al que habrá que seguir de cerca.