Ali Babá palidece


Lic: Alejandro Marcó del Pont

La prensa de Brasil sería un deleite para Joseph Goebbels, Ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, de cuyas frases, escritos y acciones se han nutrido los medios hegemónicos latinoamericanos.

La era de las noticias falsas, distorsionadas o la posverdad, ha ganado la calle y el establishment brasileño cuanta con una nutrida agenda de ficción gráfica y televisiva que abordar.

En el escenario político conviven un conjunto de sucesos que lucen delicados y meritorios de evaporación. La idea que los diputados y senadores que el Supremo Tribunal Federal autorizó investigar por corrupción sean los mismos que votaron la destitución de Dilma Rouseff, el ajuste por 20 años del gasto público primario y lo harán en breve por la reforma de seguridad social, no es una asociación chispeante.

Para poder divertirnos, y les aseguro que lo harán, hay algunos temas legales y de ejecución que es necesario aclarar. En principio el detalle para quienes fue abierta la instancia de investigación es el siguiente: 24 senadores, 39 diputados, 8 ministros, 3 gobernadores y un ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión.

La clasificación anterior guarda una particularidad, misma que exige que la investigación sea avalada por el relator del Supremo Tribunal Federal, a pedido de la Procuraduría General de la República, y cuya peculiaridad radica en que todos los investigados tienen fuero o inmunidad, “foro por prerrogativa de função”. Esto vuelve ridículos los ejercicios de los grandes medios brasileros al incluir también a Luiz Ignacio Da Silva o a Dilma Rousseff. Al no tener fuero no pueden estar contenidos en los listados; no se encuentran en la legislación que incluye al Supremo Tribunal. Pero se logra el efecto esperado, la confusión.

Los pedidos de investigación presentados por el Procurador Rodrigo Janot comenzaron con lo que se conoció como “delação do fim do mundo”, hecha por el empresario Marcelo Odebrecht, quien junto con 78 de sus empleados promete, y en algunos casos ha cumplido, delatar a Dios y a María santísima con el fin de arribar a un acuerdo largamente beneficiosos (para ellos), que derivó en lo que se conoce como la lista de Janot (83 pedidos de investigación a personas con fuero), y que tendría que ser avalada por el relator del Supremos Tribunal, con cambios a la lista de Adson Fachin, quien sólo autorizó 76 pedidos (https://goo.gl/5iPWYy).

A estas alturas del partido cabe hacer dos digresiones. La primera, y quizás la más sencilla antes de proseguir, es que Odebrecht pagó al gobierno de los EE.UU. U$S 260 millones al ser acusadas de “conspiración para violar” la legislación estadounidense contra sobornos, según el Departamento de Justicia, y al igual que los bancos que pasaron por estos procesos, pagó una multa y “adieu” a la conspiración. Ahora todo queda en manos de los corruptos estrados latinos o brasileños.

El otro paréntesis, casi tan inmoral como el primero, es bajo qué manto de poder se sustenta el presidente actual, cuando con antelación a la investigación de ocho de sus ministros actuales ya habían sido eyectados de sus asientos otros ocho, en menos de un año. Es decir, debería de perder 16 ministros en menos de 12 meses, pero decidió no pedirles la renuncia por que no sabe con quién los cubrirá.[1]

La delación premiada, o la aceptación de delatar, tiene una larga trayectoria en Brasil, desde la Ley de Crímenes Horrendos (Ley Nº 8.072/1990) hasta las leyes 12.529/11 y 12.850/13, acuerdos de indulgencia y combate contra el crimen en cada caso. En realidad lo que se trata es que se baje la pena por colaborar.

Los beneficios son acordados con el acusado que se declara culpable, según artículo 4 y el juez. Deben ser validados por el Ministerio Público y, como es de suponer, nadie los lee o tiene interés en los acuerdos. Veamos los efectos de un convenio, el cual subiremos a la página (https://goo.gl/plgc7m), y es uno de los más conocidos y experimentados delatores de Brasil: Alberto Youssef.

Si hay cambista famoso en Brasil es él: pasó de vender empanadas en las calles de Paraná, según los medios, a manejar el engranaje de un club de grandes empresarios que se dividían los porcentajes de las obras de Petrobras, encargándose de blanquear el dinero. ¿Los economistas deberíamos preocuparnos porque un vendedor de empanadas se convierta en el rey de las finanzas?, terminó en la prisión de Curitiba; muchos economistas, no.

Condenado a 122 años de prisión, luego de purgar dos años y ocho meses, se quedó en su casa con una tobillera electrónica y el celular restringido a algunas personas durante cuatro meses, y hoy camina por la calle libremente (https://goo.gl/Fon9gH). Bien. Miremos un poco su acuerdo por cantar más alto que Luciano Pavarotti.

Lo que mostramos es la petición Nº 5244 al anterior y fallecido relator Teori Savasky. Los términos de la colaboración por parte del Ministerio Público, las bases legales, los términos de la propuesta y las condiciones de la misma. Es decir, la parte de la identificación de los autores, la forma de operar, etc.

En la cláusula séptima el colaborador reconoce los bienes de los que se hizo por medio del dinero mal habido, se cree que, desde el 2003, son unos U$S 16 millones. Una parte que no está en los papeles valuada quedará como pago de multa, mientras que una casa más dos autos (un Volvo y una VW Tiguan) quedan para que las pobres hijas puedan deambular. No se trata de molestar.

Lo interesante es que en Brasil se desató una discusión acerca de los detalles del punto cuatro y sus apartados, que permitía que el colaborador se quedara con el 2% de lo recuperado por el Estado. La suma que se estimaba rondaba unos U$S 160 millones, con lo que Yousseff se quedaría con más de U$S 3 millones, siempre y cuando sobrepasaran la valoración de la casa.

Lo cierto es que esta mirada pone en perspectiva dos cosas. Los colaboradores dirán lo que el Estado y poder político quiera que digan, si el acuerdo les permite quedar libres rápidamente, con algunos bienes y, si es posible, un dinerillo. Y en el caso del presidente mantenerse en su puesto.

[1]   Los ocho ministros destituidos antes de la investigación de los ocho ministros en funciones son: Romero Jucá (PMDB), M. de Planificación; Enrique Alves (PMDB), M. de Turismo; Fabiano Silveira, M. de Transparencia, Fiscalización y Control; Gedder Lima (PSDB), M. de Gobierno; Marcelo Calero (PSDB), M. de Cultura; Fabio Osorio, Abogado General de Gobierno. Los únicos dos ministros que no renunciaron por acusaciones de corrupción: José Serra (PSDB), M. de Relaciones Exteriores y Alexander Moraes (PSDB), M. de Justicia.

 

 

 

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